UN ESCÁNDALO DE CONSECUENCIAS IMPREDECIBLES

Teodoro Ruiz.

El hecho ocurrido recientemente en el municipio de Villa Vázquez, provincia de Montecristi donde la fiscalía local realizó junto a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) un allanamiento judicial en una peluquería y al requisar dicho negocio privado, habrían colocado intencionalmente drogas para incriminar a los jóvenes y al propietario del establecimiento, ha disparado las alarmas de las autoridades que aseguran castigaran con todo el peso de la ley a los involucrados en dicha acción.
De entrada, ya la Procuraduría General de la República por medio del Consejo Superior del Ministerio Público procedió a suspender temporalmente a la fiscalizadora Carmen Lisset Núñez, al tiempo que ordenó a la Inspectoría General de esta institución, proceder a realizar una amplia investigación sobre los hechos acontecidos.
La DNCD también informó que procedió a cambiar la dotación completa hasta tanto concluyan las investigaciones en relación al presente caso.
El vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, presidente de la DNCD, ordenó el traslado a la sede central de los agentes actuantes en el operativo para ser interrogados.
El escándalo ha desbordado la tolerancia de las autoridades y de la sociedad que clama justicia y que pide que se actúe sin importar las posiciones ni los rangos de los responsables de esta práctica criminal contra ciudadanos indefensos.
La sociedad dominicana pide castigo, las cabezas del presidente de la DNCD y de la titular de la fiscalía penden de un hilo y pudieran volar de acuerdo al rumbo de las investigaciones.
La DNCD ha sido centro de escándalos que han motivado la sustitución de sus titulares al proceder, contrario a las leyes, en contra de ciudadanos a los que se les pretende vincular al negocio del narcotráfico.
Al momento del operativo realizarse no se detuvo a ninguna persona dado que los actuantes se percataron de la existencia de cámaras de seguridad que habrían registrado todo lo ocurrido.
Aunque el operativo contaba con una orden judicial emitida por la magistrada Javierca Antonia Núñez de la provincia Montecristi (611-1-2019CAUJ-00808), aun no está del todo claro cuál era la verdadera motivación de las “autoridades” al realizar dicho allanamiento.